Este es Michelangelo Bovero disertando, en Excelsior, sobre elecciones competidas en sistemas parlamentarios y presidencialistas. (copio algunas secciones particularmente relevantes a nuestro caso):(...)
II. Cuando el resultado electoral es cuestionado, plantea –para los contendientes, los estudiosos, los observadores y los ciudadanos– dos tipos de problemas. En primer lugar: ¿cómo se puede y cómo se debe establecer con certeza quién ha sido el verdadero vencedor de las elecciones? En segundo lugar: acaso el vencedor, quien quiera que éste sea ¿triunfó realmente? Y dado que sólo representa a la mitad del país, ¿cómo puede pretender imponer su política a la otra mitad? Digamos de una vez por todas que esta última pregunta, en el plano formal, de la legitimidad jurídica y política, carece de sentido. Aquel candidato y/o coalición política que haya prevalecido, aunque sólo sea por un voto, tiene el derecho-deber de gobernar, esto es, de ejercer el poder de iniciativa y orientación política y además de asumir las competencias que las diversas constituciones atribuyen a los titulares de la máxima función ejecutiva. Lo que no equivale sin más a imponer la propia política. No obstante, la pregunta conserva sentido en el plano sustancial, cuando perduran las condiciones de un conflicto radical: por ejemplo, si uno de los dos contendientes rechaza de cualquier modo y obstinadamente el reconocimiento de la victoria del otro.
III. Así se hace más urgente y apremiante responder a la primera pregunta:
¿cómo se determina quién fue el vencedor? Errores de cálculo, imprecisiones en la transmisión de los datos, pero también controversias en torno a la asignación de numerosos votos, en particular a las boletas nulas, se verifican en cualquier procedimiento electoral. Es verdad que éstos y otros factores pueden ganar importancia cuando el margen es estrecho. No obstante, la experiencia enseña que afectan en una medida casi igual a todas las partes. Es, más bien, la radicalización del conflicto la que lleva a evocar (con razón o sin ella) el fantasma de la conspiración, de los fraudes. Pero, sobre éstos, como sobre los otros elementos cuestionables, ciertamente no es la presunta víctima la que tiene el poder de juzgar.
Nemo iudex in causa sua. Cualquier ordenamiento constitucional democrático prevé normas para la solución de las controversias electorales y atribuye a un órgano institucional, con rango de magistratura, el poder de decidir sobre el mérito del asunto apoyándose en dichas normas.
La legislación en la materia puede ser más o menos completa o con lagunas, más o menos adecuada o mediocre. Pero a un juez –quienquiera que sea– no se le puede y no se le debe pedir otra cosa sino aplicarla. Ciertamente, no se le debe pedir que la viole. Mucho menos que invente normas inexistentes, pues será eventualmente tarea de la nueva legislatura mejorar las leyes en vigor. Y menos admisible todavía, además de insensato, es pedirle al juez que decida a condición de que lo haga de un modo determinado, porque eso sería como decirle "me someto a tu juicio si me das la razón". Lo que equivale indudablemente, sin más, a desautorizar a dicho juez.(...)
en las elecciones estadunidenses de 2000, la controversia estalló precisamente por el resultado numérico de la votación. Es probable que el candidato declarado perdedor, Al Gore, haya conservado la firme convicción de haber obtenido mayores apoyos que su adversario. Pero, frente al pronunciamiento de las autoridades competentes, se retiró de la contienda, en buena lid. Ciertamente ni siquiera acarició la idea de organizar una protesta popular.
La democracia de Estados Unidos es muy imperfecta; más aún, en mi opinión, es insuficientemente democrática. Pero las instituciones son sólidas. Y fuera de las instituciones constitucionales, o peor aún, en contra de ellas, sólo puede existir una caricatura de democracia.
En Italia, hace pocos meses, en presencia de una ventaja reducidísima de votos a favor de la coalición de centro-izquierda, el líder de la coalición de centro-derecha, el premier saliente, Berlusconi, héroe emblemático del neopopulismo mediático, príncipe de la antipolítica posmoderna, denunció la conjura y habló de fraudes. Declaró haber sufrido "el robo de una victoria limpia", levantando la sospecha de decenas o centenas de miles de votos arrebatados fraudulentamente por la izquierda, y de innumerables boletas a su favor injustamente anuladas. Afirmó que iba a "exigir" el recuento total de los votos. Lo que, sencillamente, no está permitido por la ley. Amenazó con llenar las plazas (alternando las acusaciones y las amenazas con propuestas de "gran coalición" al estilo alemán, mas la coherencia no es una virtud de los demagogos). Pero luego, después de la sentencia de la magistratura competente que confirmaba la victoria del centro-izquierda, mientras continuaba ocasionalmente con sus amenazas, se fue adaptando más o menos al papel de jefe de la oposición, persiguiendo un objetivo bien preciso: aprovechar cada ocasión para hacer caer al gobierno de Prodi, objetivamente débil en el ámbito parlamentario.
¿Y México? Hasta donde logro recabar informaciones periodísticas, me parece que se puede decir (y corríjanme si me equivoco) que López Obrador ha realizado, al menos en parte y a su modo, lo que Berlusconi sólo había amenazado. Ha convocado a sus seguidores a llevar a cabo una protesta masiva, que ha adquirido también el significado de una presión pública sobre el Tribunal Electoral. Me pregunto si ésta no es una
típica estrategia antipolítica: el pueblo frente al poder, la plaza frente al palacio. No se me malentienda: la protesta colectiva corresponde perfectamente a la dialéctica de la vida democrática, sólo que bajo ciertas condiciones. Y no siempre, aun cuando sea formalmente legítima, una protesta tiene motivaciones y fines aceptables desde un punto de vista democrático. A veces puede representar un peligro para la salud de la democracia.
No me permito disertar de lejos sobre una cuestión tan delicada. Pero algo debe decirse acerca de la forma en que López Obrador (hasta donde estoy enterado) ha manejado hasta ahora su relación con la masa, presentándola como un ejercicio de "democracia directa".
La decisión de una multitud que responde a las preguntas del líder con un sí o con un no, o que aprueba levantando la mano, no es una decisión democrática. Es más bien equiparable a la aclamación, que constituye (según decía Bobbio) precisamente la antítesis de la democracia, porque los eventuales disidentes no cuentan para nada ni tienen una verdadera manera para expresarse y además sufren la presión, por lo menos psicológica, de quien está junto a ellos. Se puede definir democrática la decisión de una asamblea sólo si cada uno de sus miembros tiene la misma posibilidad de discutir las propuestas de los demás y de presentar y argumentar propuestas alternativas. Esto sucedía en la democracia directa ateniense y es también lo que ocurre, toda diferencia guardada, en un parlamento bien ordenado. No tengo la intención de ofender a nadie, quisiera solamente despertar de manera modesta y serena una interrogante en el ánimo de quienes estuviesen demasiado seguros de encontrar la democracia en la multitud, pasando por encima de las instituciones.
Pero a quien conoce la historia del siglo XX italiano la imagen de una multitud que responde "¡Sííí!" a la pregunta del líder: "¿Estamos de acuerdo en eso?", evoca terribles recuerdos.
En el caso mexicano, en suma, tal parece que el rechazo radical al resultado de las elecciones se relaciona con una forma particularmente acentuada de liderismo: expresiones exacerbadas, ambas –el rechazo al resultado y el liderismo–, por un lado, de la interpretación conflictual de la política como duelo y, por el otro, de la concepción verticalizada y personalizada del poder. Son una exaltación extrema de las mismas patologías degenerativas a las que tiende, por su naturaleza, el régimen presidencial.
Desde hace tiempo vengo afirmando que en América Latina es necesario mover el eje del poder desde el gobierno presidencial hacia el parlamento. ¿Qué piensa el parlamento recién electo en México? ¿En particular aquellos legisladores que fueron elegidos en la misma coalición política de López Obrador? Me gustaría saberlo.
