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http://publiceconomics.wordpress.com/
Ideas in political economy, quantitative methods, and other musings.
Mis “primeras reacciones” a la elección del domingo pasado aparecen (editadas y mejoradas) en El Universal de hoy:
“Con los datos del cierre del PREP todo parece indicar que el PAN obtendrá 71 curules de mayoría relativa, 66 menos que las que obtuvo en 2006. La coalición PRI-PVEM, por otro lado, obtendrá 187 diputaciones de mayoría relativa, 122 más de las que obtuvo hace tres años. La distribución de curules de representación proporcional es algo más complicada, puesto que el PRI llegará al tope de sobrerrepresentación que marca la ley (8%).
Las encuestadoras nos tendrán que explicar por qué casi ninguna pudo anticipar una brecha de más de 8 puntos porcentuales entre PRI y PAN. Más allá, comprender cómo 3 millones de votos se traducen en más de 100 curules de diferencia requiere un análisis más cuidadoso.
Tras nueve años en el poder, el PAN no ha podido construir un aparato electoral para contener la maquinaria priísta estatal. El desplome y/o fractura del PRD beneficiaría relativamente más al PRI que al PAN, esto se sabía hace meses y se pudo haber anticipado durante la campaña. Y al final de cuentas, la crisis económica “que vino de fuera” cobró su factura voto por voto. El ágil equipo de campaña panista de 2006 brilló por su ausencia.”
La jornada electoral transcurrió sin mayores problemas. El PREP 2009 avanzó mucho más rápido porque sólo tuvo que contarse una boleta por ciudadano, en vez de 3, y a mayor abstencionismo, menos votos que contar. Es decir, un llenado y captura de actas más rápido. Al igual que antes, el PREP tiene un sesgo urbano. En la medida en que los votos nulos “por convicción” son urbanos, el PREP sobreestimó el porcentaje de votos nulos en las primeras horas. Por ello, los nulos iniciaron por arriba de 7% y cerraron en 5.4%.
El voto nulo también tuvo consecuencias. Asumiendo que al menos 1% de los anulacionistas podrían haber votado por PSD —su perfil sociodemográfico sugiere que esto es plausible, pues muchos apoyaron a Alternativa/Patricia Mercado en 2006— puede decirse que el movimiento anulacionista hizo perder el registro al PSD.
La izquierda sigue en pleito consigo misma: en 2006 los votos de Mercado pudieron haberle costado la presidencia a López Obrador: Alternativa Socialdemócrata consiguió su registro sólo para quebrantarse pocos meses después. Y en 2009 puede decirse que los anulacionistas eliminaron del mapa al PSD. Por su lado, una vez más los perredistas se partieron en dos o tres fracciones: PRD, PT y Convergencia. Cada líder tiene su partido, pero esto no los ayudará en nada en 2012.
Algunos celebraron haber borrado del mapa un pequeño partido parasitario. Pero que nadie se confunda, el monto de financiamiento público a los partidos no se reducirá un centavo: éste depende ahora del tamaño del padrón, y no del número de partidos, como antes. Tampoco disminuirá el número de spots, ni su aburrimiento, por cierto.
Lo que sí cambiará es la distribución de recursos, tiempos y curules entre los siete partidos sobrevivientes. Al eliminar del cómputo los votos nulos, no registrados, así como los votos del PSD, el porcentaje efectivo de votos y curules de representación proporcional de los otros partidos aumentará en alrededor de 7%. Como bien sabemos, los votos nulos aumentan la sobrerrepresentación de los partidos que mantienen su registro: el porcentaje efectivo de votos del PRI pasó de 36.7 a 39.3% gracias a esto.
¿Es mucho o es poco? Depende de cuánto “te duelan” los diputados de los partidos grandes: Como hay 200 curules de representación proporcional, cada 1% de votos adicionales para un partido equivalen a 2 diputados más. De modo que los 2.6 puntos más que consiguió el PRI tras eliminar los votos inválidos se traducirán en 5 diputados más. Para el PAN, el bono de sobrerrepresentación es menor: unas cuatro curules más. Dicho de manera más sencilla, los cuatro diputados que hubiera ganado el PSD y los 12 del inexistente “partido anulacionista”, se acaban repartiendo entre los partidos con registro, y los partidos más grandes reciben relativamente más curules.
Pero una curul de más o de menos o un pequeño partido de más o de menos quizá no son tan importantes. Las consecuencias importan: el bono de sobrerrepresentación del “movimiento anulacionista” hará más factible que una coalición del PRI y del PVEM consiga la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, o algo muy cercano a ello. Es la misma mayoría que perdió el PRI en 1997 y que muchos consideran una piedra angular de la transición democrática. Viendo a futuro, si el PRI consigue la Presidencia en 2012, no podremos descartar que también cuente con el Congreso. Después de todo, ellos saben cómo hacerlo.”
1. El PREP 2009 avanza mucho más rápido, y es más amigable, que el PREP 2006. Esto se debe a que las casillas sólo tuvieron que contar 1 boleta para diputados en vez de 3 (presidente, senado, diputados), y a que hay menor participación que en 2006: menos votos que contar conduce a un llenado y captura de actas más rápido.
2. Como siempre, el PREP tiene un sesgo urbano. En la medida en que los votos nulos "por convicción" son urbanos, el PREP sobreestimaría el porcentaje de votos nulos en las primeras horas. Por ello, los nulos iniciaron por arriba de 7% en el PREP y cerrarán abajo de 6%… Pero ojo, casi la mitad de los votos "nulos por error" provienen de casillas rurales, así que los nulos podrían repuntar en la madrugada…
3. Asumiendo que al menos 1% de los anulacionistas podrían haber votado por PSD (su perfil sociodemográfico sugiere que esto no es imposible: muchos de ellos apoyaban a ASDC/Patricia Mercado en 2006), puede decirse que el movimiento anulacionista hizo perder el registro al PSD.
4. La izquierda contra sí misma: En 2006 los votos de Patricia Mercado plausiblemente le "quitaron" la presidencia a AMLO pero ASDC consiguió su registro… para quebrantarse pocos meses después. En 2009, puede decirse que los anulacionistas "le quitaron" el registro al PSD… Mientras tanto, el PRD se parte en 2: PRD y PT.
5. Financiamiento a partidos. Algunos anulacionistas celebran haber borrado del mapa un partidito parasitario. Pero ojo, el monto de financiamiento público a los partidos no se reducirá un ápice (pues este depende hoy del tamaño del padrón, y no del número de partidos, como antes). Tampoco disminuirá el número de spots, por cierto.
6. Aritmética electoral. Lo que sí cambiará es la distribución de recursos y curules entre los 7 partidos sobrevivientes. Algunos "analistas" calculan que el 36% de votos del PRI subirán en 7 puntos (36 + 7 = 43%) gracias a los nulos. Esto es incorrecto e impreciso. En efecto, al elminiar los votos nulos + no registrados + votos del PSD, el porcentaje efectivo de votos (y curules RP) de los otros partidos aumentará, pero "sólo" en alrededor de 7%: 36 x 1.07 = 38.52%, es decir, un aumento de 2.5 puntos porcentuales.
7. ¿Eso es mucho o es poco? Depende de cuanto "te duelan" los diputados: Como hay 200 curules de representación proporcional, cada 1% de votos adicionales equivalen a 2 diputados RP. De modo que los 2.5 puntos más que consigue el PRI tras "eliminar" los votos nulos+NoReg+PSD se traducirán en 5 curules RP adicionales más. Para el PAN, el bono de sobrerrepresentación de los nulos y desaparecidos es menor: 2 puntos más de votos (27.5 x 1.07 = 29.45%), que se traducen en unas 4 curules RP más. Dicho de manera más sencilla: los 4 diputados que hubiera ganado el PSD y los 12 del "partido anulacionista", se acaban repartiendo entre los partidos con registro, y los partidos más grandes reciben relativamente más curules.
8. ¿So what? Pero una curul más o menos para cierto partido, o un partidito más o menos no son tan importantes. Lo realmente importante es que el bono del "movimiento anulacionista" hará más factible que una coalición PRI+PVEM consiga la mayoría de la Cámara de Diputados, o algo muy cercano a ello. ¿Eso es bueno o malo?
In the debate over health care reform, one issue looms large: whether to have a public option. Should all Americans have the opportunity to sign up for government-run health insurance?
President Obama has made his own preferences clear. In a letter to Senators Edward M. Kennedy of Massachusetts and Max Baucus of Montana, the chairmen of two key Senate committees, he wrote: "I strongly believe that Americans should have the choice of a public health insurance option operating alongside private plans. This will give them a better range of choices, make the health care market more competitive, and keep insurance companies honest."
Even if one accepts the president's broader goals of wider access to health care and cost containment, his economic logic regarding the public option is hard to follow. Consumer choice and honest competition are indeed the foundation of a successful market system, but they are usually achieved without a public provider. We don't need government-run grocery stores or government-run gas stations to ensure that Americans can buy food and fuel at reasonable prices.
An important question about any public provider of health insurance is whether it would have access to taxpayer funds. If not, the public plan would have to stand on its own financially, as private plans do, covering all expenses with premiums from those who signed up for it.
But if such a plan were desirable and feasible, nothing would stop someone from setting it up right now. In essence, a public plan without taxpayer support would be yet another nonprofit company offering health insurance. The fundamental viability of the enterprise does not depend on whether the employees are called "nonprofit administrators" or "civil servants."
In practice, however, if a public option is available, it will probably enjoy taxpayer subsidies. Indeed, even if the initial legislation rejected them, such subsidies would be hard to avoid in the long run. Fannie Mae and Freddie Mac, the mortgage giants created by federal law, were once private companies. Yet many investors believed — correctly, as it turned out — that the federal government would stand behind Fannie's and Freddie's debts, and this perception gave these companies access to cheap credit. Similarly, a public health insurance plan would enjoy the presumption of a government backstop.
Such explicit or implicit subsidies would prevent a public plan from providing honest competition for private suppliers of health insurance. Instead, the public plan would likely undercut private firms and get an undue share of the market.
President Obama might not be disappointed if that turned out to be the case. During the presidential campaign, he said, "If I were designing a system from scratch, I would probably go ahead with a single-payer system."
Of course, we are not starting from scratch. Because many Americans are happy with their current health care, moving immediately to a single-payer system is too radical a change to be politically tenable. But for those who see single-payer as the ideal, a public option that uses taxpayer funds to tilt the playing field may be an attractive second best. If the subsidies are big enough, over time more and more consumers will be induced to switch.
Which raises the question: Would the existence of a dominant government provider of health insurance be good or bad?
It is natural to be skeptical. The largest existing public health programs — Medicare and Medicaid — are the main reason that the government's long-term finances are in shambles. True, Medicare's administrative costs are low, but it is easy to keep those costs contained when a system merely writes checks without expending the resources to control wasteful medical spending.
A dominant government insurer, however, could potentially keep costs down by squeezing the suppliers of health care. This cost control works not by fostering honest competition but by thwarting it.
Recall a basic lesson of economics: A market participant with a dominant position can influence prices in a way that a small, competitive player cannot. A monopoly — a seller without competitors — can profitably raise the price of its product above the competitive level by reducing the quantity it supplies to the market. Similarly, a monopsony — a buyer without competitors — can reduce the price it pays below the competitive level by reducing the quantity it demands.
This lesson applies directly to the market for health care. If the government has a dominant role in buying the services of doctors and other health care providers, it can force prices down. Once the government is virtually the only game in town, health care providers will have little choice but to take whatever they can get. It is no wonder that the American Medical Association opposes the public option.
To be sure, squeezing suppliers would have unpleasant side effects. Over time, society would end up with fewer doctors and other health care workers. The reduced quantity of services would somehow need to be rationed among competing demands. Such rationing is unlikely to work well.
FAIRNESS is in the eye of the beholder, but nothing about a government-run health care system strikes me as fair. Squeezing providers would save the rest of us money, but so would a special tax levied only on health care workers, and that is manifestly inequitable.
In the end, it would be a mistake to expect too much from health insurance reform. A competitive system of private insurers, lightly regulated to ensure that the market works well, would offer Americans the best health care at the best prices. The health care of the future won't come cheap, but a public option won't make it better.
Is Behavioral Economics Doomed? The ordinary versus the extraordinary
By David K. Levine
"… behavioral economics is all the rage these days. The casual reader might have the impression that the rational homo economicus has died a sad death and the economics profession has moved on to recognize the true irrationality of humankind. Nothing could be further from the truth. Criticism of homo economicus is not a newtopic. In 1898 Thorstein Veblen wrote sarcastically described rational economic man as"a lightning calculator of pleasures and pains, who oscillates like a homogenous globule of desire of happiness under the impulse of stimuli." This description had little to do with economics as it was practiced then – and even less now. Indeed, for a long period of time during the 60s and 70s, irrational economic man dominated economics. The much criticized theory of rational expectations was a reaction to the fact that irrational economic man is a no better description of us than that of a "lightning calculator of pleasures and pains." In many ways the rational expectations model was a reaction to"[t]he implicit presumption in these … models … that people could be fooled over andover again," as Robert Lucas wrote in 1995.
The modern paradigmatic man (or more often these days woman) in modern economics is that of a decision-maker beset on all sides by uncertainty. Our central interest is in how successful we are in coming to grips with that uncertainty. My goal in this lecture is to detail not the theory as it exists in the minds of critics who are unfamiliar with it, but as it exists in the minds of working economists. The theory is far more successful than is widely imagined – but is not without weaknesses that behavioral economics has the potential to remedy."
You can read the whole thing here.
En 2003 hubo 3.36% de votos nulos y una tasa de participación de 41%. En 2009 la lista nominal será de 77,481,874 votantes. Redondeando estas cifras para 2009 podemos hacer un cálculo rápido del impacto del voto nulo en el umbral de sobrevivencia de un partido político en México.
Con 30 millones de votos (digamos que sin ningún voto nulo), el umbral de sobrevivencia de un partido (2%) son 600 mil votos. Con 31 millones de votos (digamos, incluyendo 1 millón de "nuevos electores" que anulan su voto), el umbral sube a 620 mil votos. Es decir que, por cada millón de votos nulos (3.3% del total), este umbral sube en 20 mil votos.
¿Vale la pena "movilizar" 1 millón de votos nulos para subirle el costo a un partidito en 20 mil votos?
Addendum:
A. Dicho de manera más general, si hay 5% o 10% de votos nulos, el umbral de sobrevivencia para los partidos también sube en 5% o 10%. Es por ello que haría falta un muy elevado porcentaje de votos nulos para elevar significativamente el umbral que enfrantan los partidos pequeños.
B. El cálculo anterior es algo simplificado pues asume que todos los votos nulos provienen de "nuevos electores" que de otro modo se hubieran abstenido de votar. El efecto del voto nulo puede ser diferente si, por ejemplo, algunos votantes que pensaban votar por un partido pequeño deciden anular su voto: esto afectaría el numerador del cociente de sobrevivencia (votos por el partido i / total de votos emitidos).
Participación electoral y voto nulo en México, 1997 - 2006 | |||||||
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Año | Lista nominal | Votos válidos | No registrados | Nulos | Total | Participación | Nulos/Total |
1997 | 52,208,965 | 29,251,017 | 13,977 | 855,227 | 30,120,221 | 57.69% | 2.84% |
2000 | 58,782,737 | 36,782,000 | 31,461 | 788,157 | 37,601,618 | 63.97% | 2.10% |
2003 | 64,710,596 | 25,738,637 | 16,359 | 896,649 | 26,651,645 | 41.19% | 3.36% |
2006 | 71,374,373 | 40,588,729 | 297,989 | 904,604 | 41,791,322 | 58.55% | 2.16% |
Fuente: www.ife.org.mx |
Porcentaje de votos nulos por estado, 2003.
The Price of Political Opposition: Evidence from Venezuela's Maisanta
http://papers.nber.org/papers/W14923
Chang-Tai Hsieh, Edward Miguel, Daniel Ortega, Francisco Rodriguez
In 2004, the Chavez regime in Venezuela distributed the list of several million voters whom had attempted to remove him from office throughout the government bureaucracy, allegedly to identify and punish these voters. We match the list of petition signers distributed by the government to household survey respondents to measure the economic effects of being identified as a Chavez political opponent.
We find that voters who were identified as Chavez opponents experienced a 5 percent drop in earnings and a 1.5 percentage point drop in employment rates after the voter list was released. A back-of-the-envelope calculation suggests that the loss aggregate TFP from the misallocation of workers across jobs was substantial, on the order of 3 percent of GDP.
This is very replicable research… that is, if we only had reelection… and good data on corruption.
April 2009
Claudio Ferraz and Frederico Finan
http://www.nber.org/papers/w14937
Political institutions can affect corruption. We use audit reports from an anti-corruption program in Brazil to construct new measures of political corruption in local governments and test whether electoral accountability affects the corruption practices of incumbent politicians. We find significantly less corruption in municipalities where mayors can get reelected. Mayors with re-election incentives misappropriate 27 percent fewer resources than mayors without re-election incentives. These effects are more pronounced among municipalities with less access to information and where the likelihood of judicial punishment is lower. Overall our findings suggest that electoral rules that enhance political accountability play a crucial role in constraining politician’s corrupt behavior.
El Universal del día de hoy, Lunes 11 de mayo de 2009, me publicó un breve artículo sobre las preferencias electorales al inicio de la campaña.
“Apenas comenzaron las campañas oficiales rumbo a la elección de diputados federales y ya es común preguntarnos cómo afectará la influenza el resultado del 5 de julio próximo y, sobre todo, si ésta beneficiará o perjudicará al PAN. Antes de especular vale la pena repasar lo que ha ocurrido en elecciones intermedias recientes. En 1997 el PRI perdió 61 curules; y en 2003 el PAN perdió 59 asientos de los 207 con que contaba. Sucede que es común observar que en elecciones intermedias el partido del Presidente pierde fuerza en el Poder Legislativo por muy diversas razones: por un lado los efectos de arrastre de los candidatos presidenciales están ausentes y, por otro lado, se dice que el electorado hace una especie de referéndum sobre la gestión de un presidente que se desgasta más que sus opositores…”
Pueden leer el resto aquí.
"Let me tell you the basics of risk communication, and then I want to apply them, a little bit, to bird flu. The fundamental principle of risk communication can be summarized in a number, [which] is the correlation between how much harm a risk does and how upset people get about it. If you look at a long list of risks, and you rank them in order of how upset people get [about them], then you rank them again in order of how much harm they do, then you correlate the two, you get a glorious 0.2.
Those of you who remember your statistics know you can square a correlation coefficient to get the percentage of variance accounted for: If you square 0.2, you get 0.04, or 4% of the variance.
That is, the risks that kill people and the risks that upset people are completely different. If you know that a risk kills people, you have no idea whether it upsets them or not. If you know it upsets them, you have no idea whether it kills them or not."
Why is it virtuous to erect a dam of laws to impede the flow of contributions by which citizens exercise their First Amendment right to political expression? "We're now going to see," McCain warned, "huge amounts of money coming into political campaigns, and we know history tells us that always leads to scandal." The supposedly inevitable scandal, which supposedly justifies preemptive government restrictions on Americans' freedom to fund the dissemination of political ideas they favor, presumably is that Obama will be pressured to give favors to his September givers. The contributions by the new givers that month averaged $86.
One excellent result of this election cycle is that public financing of presidential campaigns now seems sillier than ever. The public has always disliked it: Voluntary and cost-free participation, using the check-off on the income tax form, peaked at 28.7 percent in 1980 and has sagged to 9.2 percent. The Post, which is melancholy about the system's parlous condition, says there were three reasons for creating public financing: to free candidates from the demands of fundraising, to level the playing field and "to limit the amount of money pouring into presidential campaigns." The first reason is decreasingly persuasive because fundraising is increasingly easy because of new technologies such as the Internet. The second reason is, the Supreme Court says, constitutionally impermissible. Government may not mandate equality of resources among political competitors who earn different levels of voluntary support. As for the third reason -- "huge amounts" (McCain) of money "pouring into" (The Post) presidential politics -- well:
The Center for Responsive Politics calculates that, by Election Day, $2.4 billion will have been spent on presidential campaigns in the two-year election cycle that began in January 2007, and an additional $2.9 billion will have been spent on 435 House and 35 Senate contests. This $5.3 billion is a billion less than Americans will spend this year on potato chips.